Los autónomos, invisibles hasta 2007

Los trabajadores autónomos vieron como sus reivindicaciones históricas se empezaban a materializar en junio del 2007, cuando en el Congreso de los Diputados se aprobó el Estatuto de este colectivo. Como en todos los avances en derechos de que ha disfrutado la sociedad española, ha tenido que ser un Gobierno socialista el que lo protagonizara. Y es que la derecha, como el protagonista de Almas Muertas, la novela de Nicolai Gogol, ha utilizado las aspiraciones de los autónomos por el rédito electoral, pero sin concederles a éstos tres millones de personas los derechos de ciudadanía.

El Estatuto definió a los autónomos como la persona física que realiza de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de la dirección y organización de un tercero, una actividad económica o profesional a título lucrativo, dé o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena. Pero más importante que la definición fue el reconocimiento del derecho de los trabajadores autónomos a la igualdad ante la ley y la no discriminación, la libre elección de profesión u oficio, la seguridad y salud en el trabajo, y la conciliación de la vida familiar y profesional.

Este reconocimiento supuso un avance fundamental para el colectivo, en la medida de que se abría la puerta para que pudiera reclamar judicialmente su exacto cumplimiento. Los trabajadores autónomos entraron por la puerta que da acceso a los derechos individuales y colectivos, a la mejora de las prestaciones sociales o a la posibilidad de acceder a las políticas de fomento del empleo económicamente dependiente

Desde ese momento, como si de un cesto de cerezas se tratara, ha colgado otros avances. Como los decretos que regulan el contrato del autónomo económicamente dependiente y el registro estatal de asociaciones profesionales de trabajadores autónomos, o el de representatividad.

También ha supuesto un paso fundamental, la constitución de la Mesa de Diálogo entre el Gobierno y las asociaciones representativas en el mes de marzo de 2009. Poco después, el 5 de mayo, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, firmó con ATA, CEAT y UPTA un acuerdo de 18 medidas que se articulaban alrededor del fomento de la contratación laboral y medidas de protección social y mejora de la financiación.

Y fruto de este clima de diálogo con los agentes del sector, está el hito que se ha logrado estos días con la aprobación del Proyecto de Ley para la protección social por cese de actividad del trabajador autónomo, cuya medida más sobresaliente es que podrán acceder a una prestación de desempleo de 12 meses. Como señaló el ponente socialista de la ley, “la norma acerca a los autónomos a los derechos que disfrutan los trabajadores por cuenta ajena”