Apenas ha transcurrido un mes desde la firma del Acuerdo económico y social y el Gobierno ya ha remitido al Congreso de los Diputados el Decreto para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo, un decreto cuyo punto de partida es la realidad de cuatro millones y medio de parados y la necesidad de asegurar que cada desempleado tenga un conjunto de servicios esenciales para su incorporación al empleo.
El número de desempleados es una realidad dolorosa que responde al desplome abrupto de un modelo productivo basado en el sector inmobiliario, que ha generado en los dos últimos años 1.200.000 parados, es decir, el 60% del paro registrado en este periodo de tiempo. Un modelo productivo, que se originó durante los Gobiernos del PP con una Ley del Suelo que calificaba como urbanizable todo el territorio nacional y que generó un ritmo de construcción de casi un millón de viviendas anuales, un número muy superior a las necesidades del país.
La segunda característica de un buen número de parados es la persistencia de bajos niveles de formación, una situación especialmente constatable en el paro juvenil.
El decreto atiende a tres cuestiones concretas que están en la base de la reforma.
En primer lugar, sustituye los viejos programas de empleo que estaban diseñados para un escenario económico y productivo y para unos sectores de actividad que nada tienen que ver con el cambio de modelo productivo.
En segundo lugar, liga las políticas de empleo a la estrategia de la Unión Europea para 2020 cuyos objetivos son la reestructuración, modernización y competitividad.
En tercer lugar, dota a las Comunidades Autónomas de la suficiente autonomía para que éstas adecuen la inserción laboral del desempleado a la realidad de su territorio.
El decreto se centra en seis aspectos:
Implanta la estrategia española del empleo que será aprobado por el Gobierno y elaborada por las CCAA y los agentes sociales.
Crea un plan anual que formalizará la asignación de fondos.
Proclama una serie de derechos y garantías en relación con los servicios públicos de empleo.
Transforma y redefine el sistema de políticas y programas.
Refuerza los objetivos de mejora del sistema de formación, reconocimiento y acreditación de la cualificación adquirida por cualquier vía.
Refuerza los recursos para las políticas activas de empleo con la constitución de un fondo de políticas de empleo.
En estos momentos, resulta inaplazable mejorar la empleabilidad de las personas y es urgente situar a los servicios de empleo adecuadamente para la gestión del capital humano, en el horizonte del nuevo modelo productivo. El Gobierno, por medio del Servicio Nacional de Empleo está elaborando ya los planes para 2012, en una actitud que demuestra que cada día que pasa cuenta. Se trata de ganar en eficiencia en un ámbito en el que durante 2011 el Estado dedicará 7.300 millones de euros.
El decreto no es un salto al vacío, tiene una base sólida como es el pacto social que el Gobierno ha suscrito con sindicatos y empresarios. La solidez del contenido del decreto reside en el consenso de los agentes económicos y sociales, en la colaboración institucional y en esfuerzo colectivo.
jueves, 7 de abril de 2011
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